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Las diferentes asociaciones y federaciones de constructores, ingenieros y consultores del sector de la construcción de Andalucía crearon la ‘Mesa de la construcción de Andalucía’.

El documento básico en el que coinciden estos sectores de actividad económica son el ‘Manifiesto en defensa de la economía andaluza desde el sector de la construcción”.

A continuación transcribimos el texto completo del Manifiesto:

MANIFIESTO

EN DEFENSA DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

DESDE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Las Asociaciones Empresariales y Colegios Profesionales firmantes hacen público el presente Manifiesto, urgidos por la gravísima y persistente situación del Sector de la Construcción que abarca, entre otras, las siguientes actividades: Obras de Infraestructuras, Edificación, Urbanismo, Consultoría en materia de Arquitectura e Ingenierías, Industrias Auxiliares de la Construcción, Laboratorios de Control de Calidad,… pudiéndose afirmar que repercute, en gran medida, en toda la actividad económica.

ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL

Tras la fase expansiva del sector que se inició en el año 95 y que tan importante tejido empresarial desarrolló, proporcionando trabajo a varios cientos de miles de andaluces y contribuyendo al PIB en importante cuota, en el 2007, se inicia una situación de crisis que, afectando a todos los sectores y siendo de carácter mundial, la sufre con especial virulencia el sector de la construcción en nuestra Comunidad.

Esta situación de crisis va ya por el quinto año sin mostrar indicios claros de  superación a medio plazo, por lo que la desaparición de empresas y puestos de trabajo, más de 300.000 en los últimos cuatro años en empleos directos del sector en Andalucía, además de los indirectos, continuará.

FACTORES DETERMINANTES DE LA GRAVÍSIMA SITUACION ACTUAL DEL SECTOR :

1.- La drástica reducción de las inversiones públicas de las distintas Administraciones.

Las Administraciones deben buscar el equilibrio entre el control presupuestario y la necesidad de mantener en la medida que sea posible las inversiones públicas que generan riqueza, empleo y bienestar para la población.

En efecto las inversiones públicas constituyen la base más firme del desarrollo y progreso del estado de bienestar.

Las inversiones en infraestructuras y edificaciones al servicio de los ciudadanos tienen un efecto multiplicador en prácticamente todos los sectores económicos, incrementando los intercambios comerciales.

No obstante, se debe invertir en infraestructuras y dotaciones adecuadamente elegidas, que tengan una utilidad inmediata y de presente, que económicamente puedan mantenerse y, en definitiva, que cumplan la función social a que estén llamadas.

2.- La morosidad de las Administraciones Públicas

No es admisible en un Estado de Derecho que las Administraciones Públicas sean las que de manera destacada incumplan con sus obligaciones contractuales con terceros, cuando los trabajos se han realizado a plena satisfacción de tales entes como contratistas.

Las Administraciones deben servir de ejemplo para la sociedad y, al ser las primeras destinatarias de las reformas legislativas que persiguen la morosidad en el pago de las obligaciones contractualmente contraídas, no deben convertirse en incumplidoras de las mismas.

No puede admitirse que las Administraciones demorando los reconocimientos de deuda, busquen de esa manera solapada no hacer frente a los pagos a que están obligadas.

Este gravísimo incumplimiento ha descapitalizado a las empresas y sus efectos se extienden no solo a las constructoras, con las que directamente contrataron las Administraciones, sino que, en cascada, afecta a otras muchas como las Ingenierías, los Estudios de Arquitectura, los Laboratorios de Calidad o toda la Industria Auxiliar.

3.- La absoluta falta de financiación por parte del sistema financiero en cualquiera de los ámbitos de nuestra actividad. De esta forma se está enmascarando la demanda potencial tanto de vivienda libre, como de vivienda protegida.

 

4.- La inflación normativa que proviene del legislativo y de las diferentes Administraciones, que nos ha llevado a una burocracia inútilmente compleja, entorpecedora y retardante de la actividad empresarial, a lo que se suma una desconfianza absoluta en las estructuras colegiales profesionales, a las que se le encomiendan funciones públicas que luego se quieren absorber por las estructuras administrativas duplicando los esfuerzos. Las normas apuntan a suplantar las iniciativas de la sociedad civil, lo que camina por completo en contra de la necesidad de adelgazamiento de la Administración en cualquiera de sus ámbitos. Buen ejemplo de todo ello es el inadecuado tratamiento legislativo que se exige haciendo en el último año y medio del visado colegial.

5.- El importante recorte de las ayudas en los Planes de Vivienda en los que la apuesta por la necesaria rehabilitación de un parque de viviendas que necesita conservación y mantenimiento, no debe ir en detrimento de la continuidad del fomento de las Viviendas Protegidas, en venta o alquiler, que significan la realización práctica del derecho a la vivienda para muchos ciudadanos.

DEMANDAMOS

1.       La defensa del sector otorgándole confianza y reconocimiento como estratégico en el modelo económico y productivo andaluz.

2.       Un plan de choque en infraestructuras y en vivienda que reactive el sector de la construcción como mejor instrumento para reducir las tasas de paro en nuestra Comunidad.

3.       El ajuste de la reducción del gasto público de manera eficiente para que propicie adecuados niveles de inversión pública, especialmente, en los sectores relacionados con el transporte, el agua, la energía, la sostenibilidad y el medio ambiente y las necesidades primarias  sociales.

4.       La promoción de mecanismos de colaboración entre el sector público y el privado, con base en una legislación que favorezca la participación de inversores.

5.       El fomento de la colaboración con los Colegios Profesionales y con las Asociaciones Empresariales para, respetando sus funciones públicas y privadas, lograr con ello una reducción de las estructuras administrativas relacionadas con nuestro sector.

6.       El reconocimiento por parte de las distintas Administraciones Públicas, de las tareas delegadas por ley a las corporaciones de Derecho Público, para la salvaguarda de la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos llevando a cabo las funciones encaminadas a tales fines.

7.       El compromiso de planes realistas de pago para que en un tiempo razonable haga desaparecer la brutal deuda actual que las Administraciones mantienen con el sector.

8.       El fomento de planes de inversión en la banca pública y privada que favorezca la disposición de la necesaria liquidez para reactivar el sector.

9.       Implementar acciones que favorezcan el consumo de productos y servicios realizados en Andalucía, así como las exportaciones del sector andaluz de la construcción.

10.     El compromiso por parte de las distintas Administraciones Públicas de erradicar la economía sumergida que tanto perjudica a las empresas  cumplidoras por cuanto supone una grave competencia desleal.

11.     La revisión de la planificación de infraestructuras y redacción de los estudios, anteproyectos y proyectos de construcción en base a criterios de eficacia técnica y económica, que permitan diseñar el futuro de Andalucía.

CONCLUSION

 

Es evidente que la reactivación de nuestro Sector no es la única premisa para salir de la crisis pero, es igualmente evidente, que sin su reactivación nunca superaremos la situación actual.

Debe destacarse, además, que cuento se invierta por las Administraciones en el sector de la construcción genera, vía fiscal, un retorno económico que puede cifrarse en un 60%.

El ejercicio del poder político supone la atribución de un liderazgo social, otorgado por las urnas, al que debe exigirse soluciones eficaces en los momentos difíciles y una actuación ejemplarizante para los mercados.

Este Manifiesto se dirige a las Administraciones Públicas en general porque se parte de que el ejercicio del poder político supone la atribución de un liderazgo social, otorgado por las urnas, al que ha de exigirse soluciones eficaces en los momentos difíciles

Sevilla, a 1 de marzo 2012

 

 

 

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